Para la Comisión Andina de juristas, el desarrollo de la jurisdicción constitucional en los países de la región constituye un tema de especial atención, dada su trascendencia para fortalecer la institucionalidad democrática y la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales.
En el año 2003 resultó particularmente relevante la labor desarrollada por el Tribunal Constitucional del Perú como garante de la supremacía normativa de la Constitución e intérprete de los derechos fundamentales. En nuestro reciente informe, denominado "Los desencuentros del poder", señalamos que la producción jurisprudencial de este órgano de control constitucional resulta de especial interés a nivel nacional, pero además en el ámbito del derecho comparado. La reciente sentencia a través de la cual se reconoce el derecho a la verdad como un derecho fundamental corrobora nuestra afirmación.
Por tal razón, la Comisión Andina de juristas consideró importante realizar un balance particular sobre el desarrollo de la justicia constitucional en el Perú durante el año 2003, en donde uno de los aspectos claves sea el análisis de la labor realizada por el Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución. El trabajo que a continuación se presenta se enmarca dentro de este objetivo.
La primera parte está dedicada a realizar una evaluación sobre el debate de reforma constitucional -lamentable e inexplicadamente paralizado- y las reformas legales aprobadas en materia de procesos constitucionales. Si bien se concluye que el panorama no fue positivo, no puede dejarse de destacar los grandes avances realizados este año respecto al primer Código Procesal Constitucional del país. La segunda, tercera y cuarta parte se centran en el análisis de diferentes decisiones del Tribunal Constitucional, en especial de aquellas relacionadas con la interpretación de los derechos fundamentales y el desarrollo jurisprudencial de aspectos vinculados a los procesos constitucionales.
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Para la Comisión Andina de juristas, el desarrollo de la jurisdicción constitucional en los países de la región constituye un tema de especial atención, dada su trascendencia para fortalecer la institucionalidad democrática y la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales.
