En 1982 fue fundada la Comisión Andina de Juristas para contribuir en la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región. Con ello, se buscaba fortalecer el Estado de Derecho en los países andinos: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Ha pasado el tiempo y gracias al trabajo de la Comisión Andina de Juristas, miles de personas en la región andina han visto fortalecidos sus derechos humanos. El esfuerzo realizado ha contribuido, igualmente, a que decenas de instituciones democráticas como defensorías del pueblo, parlamentos, tribunales y universidades, entre otras, privilegien en su labor cotidiana el respeto al ser humano. Y finalmente, su influencia ha colaborado a que los propios Estados andinos hayan asumido la democracia como parte fundamental de su desarrollo.
La CAJ tiene como objetivos el respeto y la vigencia de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de los principios, valores y buen funcionamiento de la democracia. Brinda servicios y productos a partir de un permanente diagnóstico de la realidad en la región andina. Sus trabajos promueven espacios de diálogo plural y la formulación de opiniones especializadas y solventes, proporcionando información útil para la toma de decisiones en distintos ámbitos del Estado, de la sociedad y la comunidad internacional.
Inspirada por los grandes hombres y mujeres que lucharon por un mundo mejor, su visión institucional resume sus objetivos: "(Construir) sociedades más justas y democráticas en los países de la región andina, que promuevan el pleno goce y ejercicio de los derechos de todas las personas".
La CAJ cuenta con status consultivo ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Igualmente, es miembro del Consejo Directivo de la Coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional (CCCPI) y está adherida al Pacto Mundial de la ONU.
Visión
Sociedades más justas y democráticas en los países de la región andina, que promuevan el pleno goce y ejercicio de los derechos de todas las personas.
Misión
Somos una organización internacional que trabaja en la región andina a favor del respeto y vigencia de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de los principios, valores y buen funcionamiento de la democracia.