Derechos Humanos

 

Derecho Penal Internacional

La Comisión Andina de Juristas ha trabajando en los últimos años en el proceso de ratificación e implementación del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI) en la Región Andina. El trabajo de la oficina en este proyecto consiste en la elaboración de estudios sobre la adecuación de la legislación de los países andinos al Estatuto, la asesoría a entidades gubernamentales y la realización de Seminarios de difusión y capacitación en derecho penal internacional.

En este sentido, la CAJ ha trabajado en la elaboración de estudios (tres publicaciones hasta la fecha), seminarios y talleres a jueces y magistrados en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Asimismo, ha prestado asesorías a gobiernos sobre procesos de implementación en la Región Andina , Uruguay y México, entre otros.

Actualmente, la CAJ viene trabajando en un "Observatorio Regional sobre Derecho Penal Internacional y la Corte Penal Internacional" , cuyo fin será la construcción de un espacio que permita el análisis y la discusión permanente sobre las distintas instituciones del derecho penal internacional, comentarios a proyectos de implementación, así como la sistematización de jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia. La página Web del observatorio es: www.observatoriodpi.org

Empresas y Derechos Humanos

En la actualidad, existen cada vez más empresas exitosas en el mercado que adoptan en sus políticas de gestión las buenas prácticas sociales. Para competir con éxito en un mercado cada vez más globalizado que plantea crecientes retos en este terreno, se necesita contar con estas herramientas. Algunas de ellas, como la responsabilidad social corporativa, traducida en el cuidado del medio ambiente o el respeto a los derechos humanos, otorgan ventajas competitivas a todo modelo de gestión corporativa.

Día a día surgen nuevos estándares internacionales que permiten medir, evaluar y comparar estrategias de este tipo. En la actualidad se están diseñando certificaciones internacionales en este ámbito que serán, dentro de poco, requisitos ineludibles exigidos por los mercados de destino a cualquier producto o servicio. Asimismo, los consumidores están adoptando, con mayor regularidad, el carácter de "socialmente responsable" de una empresa como criterio de consumo.

Bajo esta premisa, alrededor del mundo la tendencia hacia la adopción de políticas de derechos humanos por parte de empresas socialmente responsables va en aumento. Así, se han desarrollado una serie de iniciativas colectivas, obligatorias y voluntarias, para fomentar la adopción de mejores políticas de dirección y gestión empresarial, guardando respeto de los estándares internacionales de derechos humanos. Podemos mencionar al Pacto Mundial de Naciones Unidas, el Libro Verde de la Unión Europea , las Directrices de la OCDE para las empresas; la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política Social (OIT), entre otros.

Sin embargo, en la región andina éste es aún un tema incipiente. Es cierto que existen avances en relación al desarrollo de gestiones de responsabilidad social en las grandes empresas de la región, pero aún son pocas las empresas que han incorporado una visión de derechos humanos a sus políticas de responsabilidad social. Esta diferencia tiene un impacto enorme en la competitividad y sostenibilidad de las empresas.

Atenta a esta situación, el Área de Derechos Humanos dedicará sus esfuerzos, a partir del 2007, difusión y capacitación de las empresas de la región en la aplicación del enfoque de derechos humanos a la responsabilidad social corporativa. A través de dicha actividad (que incluye la realización de asesorías para empresas, la organización de cursos internacionales, la elaboración de módulos en derechos humanos para gestores en responsabilidad, entre otros) se espera brindar a los líderes empresariales de la región andina diagnósticos exactos y herramientas para el desarrollo de gestiones de responsabilidad social basadas en un enfoque de derechos humanos.

Pedagogía en Derechos Humano

A partir del 2007, la CAJ incorpora como línea de trabajo a la Pedagogía de Derechos Humanos, línea académica que busca, entre otras cosas, el desarrollo de pautas didácticas específicas para la formación en derechos humanos. Esta línea de trabajo, espera impulsar en la región andina una mayor preocupación por la mejorar de los contenidos y herramientas de enseñanza de los derechos humanos en los distintos niveles educativos.

Para la CAJ , la Pedagogía en Derechos Humanos responde al marco internacional que sobre la materia se ha consolidado, y cuya base se encuentra en normas internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13), la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 28) y la Declaración y Programa de Acción de Viena (secc. D, párrs. 78 a 82).

En su conjunto, dichos instrumentos ofrecen una definición clara del concepto de educación en la esfera de los derechos humanos, estableciendo que se trata de un conjunto de actividades pedagógicas orientadas a crear una cultura universal en la esfera de los derechos humanos; actividades que se realizan transmitiendo conocimientos, impulsando valores, moldeando actitudes, desarrollando destrezas y, en especial, generando competencias para la acción que permitan:

  • Fortalecer el respeto y protección de los derechos humanos de uno mismo y de los demás, reconociendo límites y responsabilidades.
  • Practicar y promover como valores universales a la libertad, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad, que permitan una vida armónica;
  • Facilitar la participación efectiva de todas las personas en una sociedad libre, donde la democracia, el respeto los derechos humanos y la búsqueda del desarrollo sostenible son fines prioritarios e interdependientes.
  • Ejercitar en su interacción diaria valores, actitudes y conductas coherentes con los derechos humanos, los principios democráticos y el desarrollo sostenible .

La CAJ espera desarrollar una visión holista de la Pedagogía en Derechos Humanos, basada en la integración del conocimiento. Esta visión plantea la articulación de la ciencia, el arte, la espiritualidad y las tradiciones, para crear una cultura de la sabiduría y superar la fragmentación del conocimiento expresado en disciplinas académicas.

Con esta finalidad, la CAJ aplicará a su trabajo tendencias pedagógicas como el aprendizaje significativo, aprendizaje autogestionado, las teorías de las "inteligencias múltiples", la teoría de la "gestión mental", aprendizaje cooperativo, entre otros.

A partir de estos conceptos pedagógicos la CAJ brindará asesorías a centros educativos (educación básica y universitaria, del Estado o particulares) interesados en mejorar sus contextos educativos, las relaciones entre los diversos actores, y los contenidos educativos (planes curriculares), en base a una Pedagogía de los Derechos Humanos. Asimismo, se desarrollará proyectos dirigidos a diferentes actores sociales y operadores del derecho para difundir entre ellos los derechos humanos, con una nueva perspectiva y finalidad.

Grupos de Especial Protección

Derechos de la Mujer

Los sistemas jurídicos de la mayor parte de las sociedades actuales se fundan en la universalidad de los derechos humanos, el cual cuestiona cualquier orden social fundado sobre la adjudicación de estatutos diferentes a los seres humanos. Este era el caso, entre otros, de las mujeres que tenían derechos diferentes por el sólo hecho de ser mujeres y que además eran víctimas de situaciones que vulneraban sus derechos humanos, las mismas que eran permitidos por el ordenamiento legal.

Ante esta situación, es necesario realizar un análisis desde una perspectiva de género la cual destaca el hecho de que la organización de las relaciones entre varones y mujeres derivan de un arreglo que tiene orígenes históricos y puede por tanto ser cambiado. Es en este contexto que la Comisión Andina de Juristas (CAJ) contribuye a través de su trabajo en el cambio de este orden social que evita que las mujeres puedan gozar y ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades que su par masculino.

En tal sentido, la CAJ lleva a cabo talleres de capacitación, asistencia técnica y trabajos de investigación en los que, teniendo como marco el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, busca influir en un cambio de paradigmas que colocan en un estado de indefensión a la mujer, y así construir un ordenamiento legal que contemple una protección adecuada a los derechos de la mujer en todos los ámbitos en todos los cuales ella se desenvuelve.

Derechos del Niño

La "niñez", como concepto, tuvo su origen en el siglo XIX, época en la que se dio inicio al desarrollo doctrinario del tema de la infancia, el cual permitió acabar con la confusión que existía entre entender a la infancia como hecho biológico, natural y concebirla como hecho social. En este sentido, surge el postulado de que el niño y la niña es un sujeto de derecho y por ello goza y puede ejercer per se o a través de terceros todos los derechos humanos que se fundamentan en la dignidad humana y que han sido reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niños (CDN) y en otros instrumentos internacionales de alcance general y de alcance específico.

Este marco internacional de protección genera a su vez la necesidad de que los Estados adecuen su ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales, sobre todo a aquello dispuesto por la CDN. Teniendo en cuenta este contexto, la Comisión Andina de Juristas (CAJ) desde el año 2001 trabaja en la promoción y difusión de los derechos del niño y la niña teniendo como marco referencial de sus actividades al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Así, la CAJ lleva a cabo esta labor a través de la elaboración de trabajos de investigación, de implementación de talleres de capacitación y de incidencia directa ante los órganos internacionales de protección de los derechos humanos; ello con el fin de mostrar desde una perspectiva crítica: i) cuál es el estado de adecuación de la protección jurídica de la cual gozan los niños en sus países, en relación a los estándares internacionales; ii) cómo los sistemas internacionales de protección de derechos humanos están avanzando en la implementación de mecanismos que permitan garantizar y proteger de manera adecuada los derechos de los niños; además de iii) proponer estrategias jurídicas que puedan contribuir a alcanzar una mejor protección de los derechos del niño y la niña.

Derechos de los migrantes

La migración internacional ha dejado de ser un aspecto coyuntural para convertirse en un fenómeno estructural que visibiliza la presencia migrante dentro de los Estados y la comunidad internacional. El proceso migratorio contemporáneo cobra mayor importancia en el marco de la globalización de las sociedades contemporáneas. En la actualidad, los patrones y los flujos de las migraciones han cambiado, pues responden al creciente proceso de integración regional y mundial y de expansión del comercio de capitales y recursos humanos. Las personas � con su trabajo � persiguen articularse a otros factores de producción, como el capital y la tecnología, migrando en busca de mejores condiciones legales, económicas, sociales, o de otro tipo.  

Esta nueva matriz de las migraciones internacionales, generan una serie de limitaciones en el ejercicio de derechos a las cuales se ven expuestos los y las migrantes. En este sentido, la CAJ se ha propuesto realizar una aproximación y evaluar las situaciones que afectan a las personas que migran, con especial énfasis en el contexto que atraviesan. Así, entre los temas a considerar se encuentran: la migración irregular, la trata y el tráfico de personas, el desplazamiento forzado internacional, entre otros temas.

La CAJ desea colaborar en la construcción de políticas públicas que protejan y garanticen los derechos humanos de los y las migrantes. En especial, le interesa generar políticas comunes andinas, en el marco del proceso de integración, que brinden una respuesta regional, no segmentada, a esta problemática. Asimismo, le interesa fortalecer los órganos internos (controles migratorios y servicios de justicia), para favorecer un adecuado acceso a la justicia para el y la migrante.

Derechos de la Juventud

Los y las jóvenes desarrollan su personalidad en un contexto de preparación para incorporarse en el mercado laboral y desarrollarse autónomamente de sus familias. En este escenario, aparecen una serie de situaciones anómalas que originan la preocupación social y del derecho. El aumento de la conflictividad juvenil, su apatía política, la deserción escolar, la postergación juvenil de la procreación, el desempleo juvenil masivo, la crisis normativa o conductas de riesgo, se convierten en características peligrosas para el orden social y, por tanto, dan lugar a una respuesta del derecho, generalmente coercitiva.

En general, la juventud  transita en un contexto de tensiones y paradojas, características de su realidad actual, que no son tomadas en cuenta para describir y enfrentar las anomalías mencionadas. Por ejemplo, está probado que los y las jóvenes: cuentan con más acceso a educación, pero menos acceso a empleo; más acceso a información, aunque con menos acceso a poder; más expectativas de autonomía, pero con pocas opciones para materializarla; están mejor provistos de salud, pero se reconoce menos su morbimortalidad específica; son más prolíferos en sensibilidades, pero más segmentados en comunicación; son más aptos para el cambio productivo, pero también están más excluidos del mismo; ostenta un lugar ambiguo entre receptores de políticas y protagonistas del cambio (viven entre la dependencia institucional y el valor de la participación autónoma); se desarrollan entre la expansión del consumo simbólico y la restricción en el consumo material (lo que brinda posibilidades de movilidad social); y, finalmente, sufren los efectos de poseer mayor autodeterminación y protagonismo (individualización de sus ciclos vitales y mayores espacios de libertad), por una parte, y precariedad y desmovilización (no son sujetos de derecho y participan limitadamente). Como se puede apreciar, no se trata de la cuestión psicofísica, inherente a la condición de joven, sino de las situaciones concretas que provienen de relacionarse con el Estado o con la sociedad que no están debidamente consideradas ni protegidas.

En este contexto, la CAJ se ha interesado en impulsar los próximos años la difusión y mejor protección de los derechos de la juventud, teniendo como herramienta fundamental la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, en cuya construcción participó durante 8 años. En ese sentido, sus líneas prioritarias de trabajo serán: i) Campaña de advocacy para la ratificación de la Convención Iberoamericana por los países de la región; ii) Campaña de empoderamiento juvenil en sus derechos humanos (reconocidos en la Convención Iberoamericana); iii) Fomento de un instrumento internacional (Declaración) de reconocimiento y un instrumento de protección (Relator Especial o Grupo de Trabajo) de los derechos de la juventud; iv) Enfoque transversal de los derechos de la juventud al proceso de integración andino.

Proceso Andino de Integración

A lo largo del desarrollo institucional de la institución, uno de los grandes desafíos de la CAJ ha sido el de fomentar los lazos de cooperación y desarrollo entre los países de la Región Andina en temas relacionados con la justicia, la democracia y los derechos humanos.

Adicionalmente, una de nuestras principales preocupaciones ha sido fortalecer la integración andina y sus instituciones. Por ello, para la CAJ es motivo de gran satisfacción trabajar desde hace varios años con diversos órganos del SAI tales como la Secretaría General , el Parlamento Andino y el Tribunal Andino de Justicia, así como haber estado involucrados en el proceso de elaboración de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en 2002. En estas ocasiones se contó con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento así como otras agencias de cooperación.

El objetivo de nuestra intervención es apoyar el fortalecimiento de la CAN con la finalidad de que existan en la Subregión sociedades más justas y democráticas, que promuevan el pleno goce y ejercicio de los derechos de todas las personas. Para esto, se plantea involucrar a la sociedad civil en el proceso de integración, mediante la formulación de propuestas de directrices y recomendaciones técnicas a los órganos del SAI.

En el 2006, con el apoyo de la CAF , se presentó un estudio con recomendaciones para la construcción de una agenda económico-social. El resultado final del Proyecto se encuentra en el estudio "Estrategias para la Agenda Económico-Social de la Comunidad Andina " . Este contiene recomendaciones en los ámbitos del fortalecimiento institucional, mecanismos de participación ciudadana y de la sociedad civil, con el objetivo de legitimar socialmente el proceso de integración sobre la base de la democratización del sistema, conjuntamente en el diseño de políticas productivas que involucren la inversión en ciencia, tecnología, y capital humano.

Sobre la base de las recomendaciones de este estudio que la CAJ considera prioritario trabajar en un Sistema Andino de Principios sobre Responsabilidad Social Empresarial y en el Observatorio sobre Procesos de Integración.

Sistema de Promoción y Protección de los Derechos Humanos

La coexistencia de un conjunto de normas internacionales y mecanismos de promoción y protección, a fin de garantizar el ejercicio eficaz de los derechos de cada ser humano en un ámbito de libertad individual y justicia social, es una característica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Asimismo, esta rama del Derecho Internacional acepta en la actualidad que las normas internacionales y las nacionales forman parte de un solo sistema jurídico.

Por tal razón, el Área de Derechos Humanos se preocupa por el estudio, la sistematización de información, la difusión y la capacitación sobre los alcances de las normas internacionales sobre derechos humanos y la organización y uso de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. A su vez, la CAJ capacita constantemente a los jueces, fiscales, funcionarios de defensoría, abogados y funcionarios en general en el contenido y alcances de las disposiciones internacionales que son aplicables en el plano interno.

A su vez, el Área se preocupa por fortalecer los mecanismos de protección interna de los derechos humanos, para que se garantice el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes a fin de proteger sus derechos contra cualquier clase de amenaza o violación. En tal sentido, sistematiza, analiza y difunde, la jurisprudencia de los órganos de justicia que velan la protección de los derechos humanos con el objetivo de identificar tanto los avances y deficiencias a en la materia. Asimismo, participa en la optimización de los mecanismos internos de protección de derechos humanos a través de la publicación de libros, la organización de talleres de capacitación y la promoción de espacios de encuentro entre órganos de justicia de la región.

 

 

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